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Jueves, 12 Noviembre 2026 00:41

Congreso: negociaciones entre el Gobierno y los bloques dialoguistas por el presupuesto y discapacidad

De acuerdo con una crónica publicada por La Política Online (LPO), las tratativas parlamentarias en la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto 2027 atraviesan un escenario de marcada tensión entre el oficialismo y las bancadas dialoguistas. Según el medio, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, habilitó al jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, a utilizar las oficinas de la Presidencia para coordinar el cronograma legislativo de noviembre con representantes de la UCR, el PRO, el MID y el espacio provincial Argentina Federal. El objetivo central del oficialismo es destrabar el tratamiento de la ley de leyes antes del cierre del período de sesiones ordinarias, aunque fuentes parlamentarias citadas en el artículo señalan que el ministro de Economía, Luis Caputo, aún no ha dado señales de flexibilizar las partidas presupuestarias reclamadas por la oposición.

Uno de los puntos de mayor fricción en el Congreso gira en torno a los recursos destinados a las políticas de discapacidad y el sostenimiento del sistema educativo superior. Según detalla el reporte periodístico, los bloques aliados manifestaron su malestar por el ajuste en el área de discapacidad, un conflicto que emergió cuando los legisladores se preparaban para dictaminar un proyecto previamente acordado con Menem para aliviar la situación financiera de organizaciones, prestadores y familias. De acuerdo con la publicación, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, evitó convalidar ese compromiso tanto en encuentros reservados como en el plenario de comisiones, argumentando el impacto sobre el equilibrio fiscal. Paralelamente, el radicalismo acompaña el reclamo de los rectores universitarios para elevar las partidas de funcionamiento de 7 a 11 billones de pesos, monto que consideran el piso indispensable para garantizar el mantenimiento de las casas de estudio.

Las demandas de los sectores dialoguistas también abarcan reclamos territoriales y compromisos fiscales específicos con las jurisdicciones. En una nota formal dirigida a la Presidencia de la Cámara, el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, presentó un pliego de siete puntos entre los que exige incorporar en el Presupuesto 2027 las transferencias del 1,55% de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de contemplar el pago de una deuda acumulada desde abril que asciende a más de 628.196 millones de pesos actualizados por inflación. A su vez, legisladores provinciales consultados por el portal remarcaron la urgencia de incluir partidas destinadas a la obra pública y la infraestructura vial, advirtiendo que las modificaciones solicitadas resultan indispensables para acompañar el proyecto oficial.

El clima de desconfianza en las vísperas de las reuniones clave quedó expuesto tras diversos episodios de tensión política dentro y fuera del recinto. La nota de LPO relata que, durante un encuentro mantenido entre diputados oficialistas, aliados y representantes de la Pastoral Social de la Iglesia, se produjo un fuerte cruce verbal entre los legisladores Nicolás Mayoraz y Oscar Zago a raíz de la votación previa de la ley de emergencia en discapacidad. Asimismo, referentes de la Unión Cívica Radical advirtieron al medio que, si no se alcanza un consenso que permita aprobar el Presupuesto 2027, el Poder Ejecutivo deberá descartar el acompañamiento legislativo para avanzar con otras iniciativas de su agenda política, como la suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De cara al desenlace del cronograma parlamentario, tanto en el oficialismo como en la oposición reconocen que el escenario presenta complejas disyuntivas institucionales y económicas. Fuentes de La Libertad Avanza indicaron al medio que la meta del Gobierno es emitir dictamen el 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25 del mismo mes para obtener media sanción, tras debatir previamente la reforma de la carta orgánica del Banco Central y una iniciativa vinculada a Malvinas. Sin embargo, los actores involucrados observan que, ante la falta de acuerdos, el Ejecutivo podría optar por prorrogar nuevamente el presupuesto vigente, una alternativa que, según el análisis del portal, otorgaría margen para la administración discrecional de los fondos pero representaría una señal política delicada frente a los compromisos externos.

Con información de La Política On Line

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Miércoles, 11 Noviembre 2026 23:44

Privatizaciones y energía en 2027: el plan del Gobierno nacional para las represas hidroeléctricas y los trenes

En el marco de su programa de reformas estructurales y ordenamiento fiscal, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1349/2026 una prórroga estratégica en la operación de cinco complejos hidroeléctricos del país hasta el 30 de abril de 2027. La normativa, rubricada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que las actuales firmas concesionarias mantendrán la gestión de las represas hasta dicha fecha límite o hasta que los nuevos adjudicatarios asuman el control efectivo, lo que suceda primero. Con esta decisión administrativa, el Poder Ejecutivo busca blindar la estabilidad del suministro eléctrico nacional y evitar cualquier interrupción operativa durante el período de transición, mientras la Secretaría de Energía avanza en la redacción de los pliegos para concretar las licitaciones públicas nacionales e internacionales que transferirán estos activos clave al sector privado.

El esquema de continuidad abarca instalaciones estratégicas que reúnen en conjunto una potencia instalada cercana a los 1.127,7 megavatios, distribuidas en distintas regiones productivas de la Argentina. Entre las empresas comprendidas se encuentran Hidroeléctrica Futaleufú S.A. en Chubut (560 megavatios), Hidroeléctrica Diamante S.A. en Mendoza con las centrales Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre (388 megavatios), y AES Argentina Generación S.A. en Salta a cargo de Cabra Corral y El Tunal (111,1 megavatios). La nómina se completa con Hidroeléctrica Tucumán S.A., operadora de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (51,6 megavatios), e Hidroeléctrica Río Hondo S.A., responsable de las plantas Río Hondo y Los Quiroga en Santiago del Estero (17 megavatios). Para el equipo económico, el traspaso definitivo de estas unidades resulta fundamental para captar divisas frescas que permitan afrontar los exigentes vencimientos de deuda previstos para el calendario de 2027.

Para garantizar una transición ordenada sin sobresaltos en la red, el decreto estipula mecanismos estrictos de cumplimiento para las compañías involucradas, cuyos contratos originales datan de las reformas estatales de la década de 1990. Las concesionarias cuentan con un plazo improrrogable de siete días corridos desde la entrada en vigencia de la medida para presentar una carta de adhesión formal ante la Secretaría de Energía. En caso de que alguna operadora decida no suscribir esta extensión, quedará legalmente obligada a sostener la generación eléctrica por un mínimo de 45 días hábiles, otorgando al Estado nacional el margen necesario para articular alternativas de emergencia. Paralelamente, esta cartera ministerial concentrará la responsabilidad de diseñar las bases licitatorias y suscribir los futuros contratos, sumándose a los procesos ya encarrilados en otros complejos de envergadura como El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Los Nihuiles.

Otras privatizaciones: el futuro del Belgrano Cargas

Más allá del tablero energético, la hoja de ruta oficial acelera otras iniciativas de desinversión estatal que marcarán la agenda económica de los próximos meses, destacando especialmente la concesión del Belgrano Cargas. El Ministerio de Economía ya publicó los pliegos para otorgar por 50 años la explotación de 7.594 kilómetros de vías e inmuebles correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, atravesando 16 provincias y cinco pasos fronterizos. Este modelo de negocios prescinde del pago de canon y de subsidios estatales, sustentándose en el cobro de peajes ferroviarios y en el aprovechamiento comercial de terrenos aledaños a las trazas, con un cronograma que prevé adjudicar la operación durante los primeros meses de 2027 tras recibir ofertas hasta noviembre de 2026.

Finalmente, el horizonte de privatizaciones del Gobierno nacional mantiene en carpeta otros activos estratégicos del sector energético y del transporte que aún aguardan definiciones temporales precisas. Entre ellos figuran Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), firmas en las cuales la Ley Bases habilitó el ingreso de capitales privados bajo la condición de que el Estado conserve al menos el 51 por ciento del paquete accionario y el control societario; en el caso de la carbonífera patagónica, ya se han evaluado propuestas de inversión cercanas a los 120 millones de dólares. Asimismo, restan establecer los plazos para el traspaso de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y de los activos remanentes bajo la órbita de Energía Argentina (Enarsa), incluyendo centrales térmicas y un gasoducto, consolidando así una agenda de reconfiguración estatal que definirá el rumbo económico del próximo año.

Fuente: con información de Infobae

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