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Uno de los puntos de mayor fricción en el Congreso gira en torno a los recursos destinados a las políticas de discapacidad y el sostenimiento del sistema educativo superior. Según detalla el reporte periodístico, los bloques aliados manifestaron su malestar por el ajuste en el área de discapacidad, un conflicto que emergió cuando los legisladores se preparaban para dictaminar un proyecto previamente acordado con Menem para aliviar la situación financiera de organizaciones, prestadores y familias. De acuerdo con la publicación, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, evitó convalidar ese compromiso tanto en encuentros reservados como en el plenario de comisiones, argumentando el impacto sobre el equilibrio fiscal. Paralelamente, el radicalismo acompaña el reclamo de los rectores universitarios para elevar las partidas de funcionamiento de 7 a 11 billones de pesos, monto que consideran el piso indispensable para garantizar el mantenimiento de las casas de estudio.

Las demandas de los sectores dialoguistas también abarcan reclamos territoriales y compromisos fiscales específicos con las jurisdicciones. En una nota formal dirigida a la Presidencia de la Cámara, el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, presentó un pliego de siete puntos entre los que exige incorporar en el Presupuesto 2027 las transferencias del 1,55% de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de contemplar el pago de una deuda acumulada desde abril que asciende a más de 628.196 millones de pesos actualizados por inflación. A su vez, legisladores provinciales consultados por el portal remarcaron la urgencia de incluir partidas destinadas a la obra pública y la infraestructura vial, advirtiendo que las modificaciones solicitadas resultan indispensables para acompañar el proyecto oficial.

El clima de desconfianza en las vísperas de las reuniones clave quedó expuesto tras diversos episodios de tensión política dentro y fuera del recinto. La nota de LPO relata que, durante un encuentro mantenido entre diputados oficialistas, aliados y representantes de la Pastoral Social de la Iglesia, se produjo un fuerte cruce verbal entre los legisladores Nicolás Mayoraz y Oscar Zago a raíz de la votación previa de la ley de emergencia en discapacidad. Asimismo, referentes de la Unión Cívica Radical advirtieron al medio que, si no se alcanza un consenso que permita aprobar el Presupuesto 2027, el Poder Ejecutivo deberá descartar el acompañamiento legislativo para avanzar con otras iniciativas de su agenda política, como la suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De cara al desenlace del cronograma parlamentario, tanto en el oficialismo como en la oposición reconocen que el escenario presenta complejas disyuntivas institucionales y económicas. Fuentes de La Libertad Avanza indicaron al medio que la meta del Gobierno es emitir dictamen el 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25 del mismo mes para obtener media sanción, tras debatir previamente la reforma de la carta orgánica del Banco Central y una iniciativa vinculada a Malvinas. Sin embargo, los actores involucrados observan que, ante la falta de acuerdos, el Ejecutivo podría optar por prorrogar nuevamente el presupuesto vigente, una alternativa que, según el análisis del portal, otorgaría margen para la administración discrecional de los fondos pero representaría una señal política delicada frente a los compromisos externos.