El pedido, elevado a la jueza de Control Nº 6, Liliana Pellegrini, también consigna que se curse debida notificación a la Legislatura de la Provincia para requerir el trámite de desafuero de la acusada.
El agente fiscal interviniente considera que Juárez Orieta es autora penalmente responsable de los delitos consignados y que se consumaron en 10 oportunidades en perjuicio de igual cantidad de víctimas que, a la postre, resultaron las denunciantes y promotoras del proceso judicial de referencia.

De acuerdo a la investigación, en junio de 2012, Juárez Orieta suscribió un compromiso de colaboración con el Estado provincial, a través del entonces Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, acordando la venta de terrenos a particulares para el programa "Un Lota para cada Familia que lo Necesite", de propiedad de su cónyuge Francisco Fernando Bracamonte, actuando como responsable legal de este último.
Bajo la apariencia de dicho documento y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad habitacional, la acusada suscribió con sus víctimas un convenio y un boleto de compra-venta de inmueble, acordando las condiciones para acceder a un lote habitacional en Fraile Pintado. Las víctimas realizaron diferentes pagos periódicos por un lote a Juárez Orieta, quien a su vez se desempeñaba como funcionaria pública (concejal y diputada provincial) en negociaciones que se vieron concretadas en cada pago recibido.

En consecuencia, Juárez Orieta abusó e incumplió con los deberes funcionales que la ley le impone por su condición de tal.

Con posterioridad y en el marco de las campañas políticas electorales (julio de 2012 - diciembre de 2017) Juárez Orieta obligó a sus víctimas a trabajar para ella con la amenaza de quitarle el lote si no lo hacía, a lo cual las víctimas accedieron por el temor a perder su lugar para habitar.