El proyecto, iniciativa del Ministerio Público de la Acusación y trabajado por las Comisiones de Asuntos Sociales y Legislación General de la Cámara, se fundamenta en la necesidad de mejorar terminológicamente el código para optimizar el funcionamiento del sistema penal y adaptarlo a la Constitución Provincial sancionada en el año 2023, que consagró nuevos derechos y garantías a los ciudadanos en procedimientos tales como la constitucionalización de derechos de las víctimas de delitos, la posibilidad de legislar acerca de juicios por jurados y la incorporación de los Ministerios Públicos de la Acusación y  la Defensa a la Carta Magna provincial.

Las nuevas reformas buscan, entre otros puntos, introducir mayor claridad a los principios de lealtad, probidad y buena fe procesal como referencias para evaluar las conductas de las partes durante el proceso y en introducir nuevas denominaciones como Suprema Corte de Justicia, Procurador General, etc. De igual manera, incorporan para el juzgamiento penal a la Institución del Jurado propuesta en el artículo 66 de la Constitución Provincial, lo que no solo es un nuevo derecho de los ciudadanos a ser juzgados por pares, en determinados casos, sino que también habilita una participación ciudadana en la administración de justicia.  Ante la desaparición de los fueros de los funcionarios y legisladores provinciales, se modifican los artículos 35 y 36 de la inmunidad de arresto u obstáculos del procedimiento penal. Asimismo, aclara el alcance de los derechos de las víctimas en el proceso penal en consonancia con el status constitucional de los mismos.

Al respecto, Morone explicó “hace años se inició un cambio de paradigma, que empezó en el 2011 cuando en agosto de ese año se puso en vigencia el Código Procesal Penal que implicaba el pase del viejo sistema inquisitivo al sistema mixto, que tomaba afectos del sistema acusatorio; y que se concretó en el año 2022 con la sanción y entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal que implica el paso al sistema acusatorio plena, de acuerdo con la tendencia imperante no solo en nuestro país sino en gran parte del mundo”. De igual manera, destacó “es un sistema que tiene importantes ventajas en lo que tiene que ver con la celeridad, organidad, integración, con la participación de las partes y el respeto por los derechos y garantías del imputado, pero también por la visibilización y el rol preponderante que tiene, también en el proceso penal, la víctima del delito. Esto se traduce no solo en lo teórico, sino también cuando uno analiza las estadísticas del sistema penal en nuestra provincia desde que se puso en vigencia”.

Por su parte, la legisladora Daniela Vélez remarcó “no me cabe duda que la modificación a este Código va a traer muchas respuestas a los justiciables, sobre todo en el artículo 15 que contempla uno de los métodos alternativos de resolución de conflicto como es la mediación. Por supuesto que va a traer mucha celeridad a las causas”.