Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz se reunieron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y anunciaron que conformarán un acuerdo electoral con el que competirán en las elecciones legislativas de octubre. Según aclararon, no es la conformación final y “se puede ampliar”. Además, cada uno tendrá su frente provincial.

El gremio mercantil y las cámaras empresarias establecieron un nuevo esquema salarial para quienes están bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, cuyos valores impactan en los recibos de sueldos a partir de agosto de 2025. El acuerdo determina los salarios básicos diferenciados por función y categoría, con sumas adicionales por antigüedad y presentismo según lo firmado en paritarias y homologado oficialmente. De acuerdo con la tabla difundida por Ignacio Online, las cifras aplican a trabajadores de todo el país.

La persistencia del riesgo país, hoy por encima de los 770 puntos, y el inicio del receso de verano en los Estados Unidos, que hará bajar la intensidad de la actividad en Wall Street, le cerró la ventana de oportunidad a una de las provincias que exploraban emitir bonos en el mercado internacional, que ahora deberá esperar a las semanas más cercanas a las elecciones legislativas para tentar a los inversores. Ese ingreso demorado de divisas obtura, por esta vía, una de los canales de compra de dólares que ensayó el Gobierno para alimentar al Banco Central.

Las reservas del Banco Central subieron USD 1.098 millones en virtud del ingreso de USD 1.200 millones provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según confirmaron fuentes oficiales. De esa forma, los activos internacionales del BCRA cerraron la jornada en USD 41.241 millones.

Según un decreto publicado el pasado 22 de julio, el Gobierno aceptó dos operaciones crediticias con el BID. La primera es por un monto de hasta USD 400 millones y tiene como finalidad financiar el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad”, una iniciativa destinada a mejorar el ambiente de negocios en el país. La segunda, por otro lado, corresponde a unos USD 800 millones y está destinada a financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II”.

La aprobación de estos préstamos internacional se enmarca en la estrategia del Gobierno para fortalecer la política fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público, en un contexto de restricciones financieras y búsqueda de sostenibilidad macroeconómica.

En los próximos días, el Gobierno espera recibir el desembolso de USD 2.000 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún en manos de la decisión del directorio del organismo. De manera inmediata, una vez recibido ese dinero la Argentina deberá cancelar un pago al propio FMI de USD 830 millones.

La llegada de la primera revisión de metas entre el staff técnico del FMI y el Gobierno pareció funcionar como punto de quiebre y el equipo económico viró la nave hacia una acumulación de dólares más rápida, aún con el Banco Central fuera del mercado, y con las intervenciones reservadas solo para el piso de la banda de flotación.

El ingreso de dólares a través de organismos internacionales resulta vital para fortalecer las reservas al igual que la compra de dólares por parte del Ministerio de Economía, ya que el BCRA solo podría hacerlo en el mercado si el dólar toca el piso de la banda de flotación. Ambos caminos son las opciones a las que echó mano el equipo económico para sumar reservas y cerrar la brecha respecto al umbral mínimo de acopio de divisas al que se había comprometido con el FMI.

Respecto al uso de divisas en los próximos meses, el Banco Central deberá desprenderse de unos USD 1.740 millones de sus reservas hasta las elecciones legislativas para cubrir compromisos en moneda extranjera correspondientes a empresas con obligaciones negociables y a provincias que enfrenten vencimientos de capital e intereses de sus bonos.

De acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI) y Aurum Valores, los pagos en dólares por parte del sector corporativo y los gobiernos subnacionales ascenderán a USD 1.740 millones hasta octubre. Dentro de ese total, se prevé que septiembre será el mes más exigente para las provincias, con vencimientos por más de USD 500 millones, de los cuales la mayor parte (USD 375 millones) corresponde a la provincia de Buenos Aires.

También hay fuertes compromisos en el caso de las provincias. Otras jurisdicciones también afrontarán compromisos, aunque por montos menores. Entre ellas figuran Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro, que entre todas deberán pagar algo más de USD 780 millones hasta octubre. En el caso de las empresas con obligaciones negociables en dólares, los desembolsos más significativos están previstos para agosto y octubre, en ambos casos por encima de los USD 260 millones. Después de los comicios, esos pagos se intensificarán hasta alcanzar los USD 400 millones mensuales hacia fin de año. Todos estos vencimientos coincidirán con un trimestre de menor oferta de divisas por parte del sector privado y con las tradicionales tensiones cambiarias que suelen caracterizar a los años electorales.

Fuente: Infobae