El Decreto de Necesidad y Urgencia con más de 360 artículos que firmó Javier Milei generó grandes controversias, pero de ninguna manera se trata de una iniciativa imprescindible para el nuevo Gobierno. Existe una probabilidad no menor de que sea el Congreso el que ponga el freno (algo que sería inédito para un DNU) o que lo haga la Justicia. Y es muy posible que, en caso de suceder, no se produzcan mayores impactos para la nueva gestión. Tampoco habría que esperar un retroceso de las acciones o los bonos argentinos, al menos de una magnitud significativa.

La implementación de este nuevo marco regulatorio permitirá, según los fundamentos del DNU, incrementar la competitividad del sistema y reducir con ello el precio de los productos comercializados, por un lado, y modernizar y agilizar la implementación de expendio de recetas y productos médicos, por el otro.