“Conceptualmente es correcto el anuncio de una agencia regional, es bueno para la UIF estar cerca de los sujetos obligados, que son sus fuentes y tienen el deber de reportar. Pero la apertura de una oficina regional es un proceso lento que demora entre tres y seis meses como mínimo. Hay que reclutar personal idóneo, poner la oficina operativa, y recién en unos meses empieza a recibir información y tiene resultados concretos”, explicó un experto que sobrevivió varias gestiones dentro de la UIF.

Hasta ahora lo único que hay es un espacio físico en la sede del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), a pocas cuadras del Monumento Nacional de la Bandera. La oficina está operativa y tiene mobiliario porque hasta hace pocos días era ocupada por la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional. “Es un lugar estratégico, en medio del Puerto de Rosario, cerca de los tribunales. Ahí mismo hay una delegación de Prefectura y tiene garantizada la parte tecnológica. Para nosotros es importante la llegada de la UIF, necesitamos que estén en el territorio”, dijo a Infobae una funcionaria del gabinete del gobernador Omar Perotti.

El segundo paso, quizás el más sensible, es conseguir empleados que estén capacitados para procesar la información que recibe la UIF. El camino más rápido sería reclutar personal de la Comisión Nacional de Valores (CNV) o del Banco Central. “Llevar empleados desde Buenos Aires es muy complicado. El área de Análisis (que procesa los ROS) tiene apenas 30 empleados para administrar la información que se recibe de todo el país. Lo ideal es gente idónea local, con conocimiento en la materia, incluyendo supervisores, analistas financieros, y penalistas. Y lo más importante: que no estén comprometidos con la política”, apuntó un ex funcionario.

Según pudo saber Infobae, el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, ya designó a un coordinador para la oficina de Rosario, aunque estaría operativo a partir del 1 de abril. Al igual que Otero, ese coordinador tiene pasado en la CNV. No es el único funcionario que llegó a la UIF en los últimos meses. El flamante director de Análisis, Federico Pérez, también proviene de esa repartición. Junto con él desembarcaron otros cinco ex empleados de la CNV.

Además del coordinador, ya se habrían reclutado a dos o tres empleados para Rosario. Para el resto de los lugares, reservado para contadores y abogados, el gobierno de Santa Fe también habría hecho algunas sugerencias.

Luego viene la etapa de implementación. “Hay que hacer un mapeo de la situación, para identificar a las fuentes más relevantes y a los que no están haciendo su trabajo, y en la parte penal hay que rastrillar las causas con mayor oportunidad para presentarse como querellante”, explicó un experto.

La oficina en Rosario en realidad funcionará como una delegación de la región central, con competencia en Santa Fe y Córdoba. Originalmente, la ley estipulaba que iba a funcionar en la ciudad de Córdoba. Pero la escalada de la violencia en Rosario modificó los planes.

El decreto 85/2023, publicado en el Boletín Oficial el 20 de febrero, argumenta que “en los últimos años se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas realizadas en la ciudad de Rosario”. Y cita un informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, donde surge “una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en la ciudad de Rosario” como así también “una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional”.

El gobierno de Santa Fe espera que la oficina de la UIF, como el resto de los anuncios, tenga efectos concretos cuanto antes. Y que pueda articularse con referentes territoriales locales para conocer los problemas más inmediatos. Pero el proceso de implementación demora meses. En lo inmediato, las autoridades deben firmar un contrato de comodato por el inmueble cedido y ya está prevista una capacitación, para fines de marzo, con los sujetos obligados locales y con referentes de los municipios de la región central.

Referentes de la Justicia de Santa Fe consultados por este medio también celebraron la llegada de la UIF. “Llegó tarde, pero todo suma como las herramientas tecnológicas que vinieron hace poco. Puntualmente los programas para bloquear celulares y una máquina para la trazabilidad de las armas y de las balas”, explicó un juez local. Sin embargo, los magistrados están más pendientes de otras decisiones que dependen del Gobierno nacional. Según un relevamiento que hizo Infobae, hay 36 cargos de jueces y 11 de fiscales que investigan y juzgan el narcotráfico que están vacantes y en condiciones de cubrirse de manera inmediata.

Otros referentes de la Justicia son más escépticos sobre la llegada de la UIF a Rosario. “Va a servir si hacen un buen reclutamiento de personal y si hay coordinación con los otros organismos”, aseguró un fiscal especializado en las causas de drogas.

En la oposición también hay más dudas que certezas. “Para nosotros la lucha contra el narcotráfico era parte de una política de gobierno y se manejaba en el marco de una estrategia coordinada entre los organismos federales y las provincias. Además, la lucha contra el narco estaba íntimamente ligada a la lucha contra la corrupción, porque no se puede desprender una de la otra. No veo decisiones estratégicas de política al más alto nivel y no veo al gobierno ocupado por la lucha contra la corrupción”, sostuvo un ex funcionario.

La UIF ya tiene dos agencias regionales, en Salta y Posadas, que se instalaron durante la gestión de Mariano Federici. Según el decreto 290, de 2007, todavía quedarían pendientes otras tres agencias en Cuyo, Patagonia y Pampeana. “Con la UIF de Salta tenemos buena relación, pero nunca trabajamos en base a un informe de ellos”, relativizó ese mismo fiscal.

El anuncio de la nueva oficina en Rosario llega, además, en medio de una crisis interna en el organismo anti lavado. Todavía no se ocupó la vacante que dejó la ex vicepresidenta, Luna Montes von Herman, quien duró apenas nueve meses. Además se fueron dos directores clave: Diego Gamba, a cargo del área de Internacionales, y Silvana Carvallo, ex directora de Sumarios. Ambos aterrizaron en la AFIP, que se transformó en un refugio privilegiado para muchos funcionarios de la UIF.

En el organismo recaudador ya había recalado Mariana Quevedo, la primer vice de la UIF durante la gestión de Alberto Fernández. Su salida se concretó en octubre de 2021, en medio de una feroz interna con el entonces presidente del organismo, Carlos Cruz.

Fuente: Infobae