En un documento de cuatro carillas, firmado por el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, y el diputado nacional de PRO Pablo Tonelli, se asegura que “desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar una operación de persecución política” contra el líder de Juntos por el Cambio.
En esa línea, también señalaron que Macri “se desvinculó de la empresa” hace más de una década.
“Que la Procuración del Tesoro hoy lleve el caso y participe activamente pidiendo la intervención del órgano de administración de la empresa y aludiendo a actos de vaciamiento en apoyo de la posición de la fiscal Boquin, desnuda el interés político que tiene el actual gobierno y la persecución al ex presidente y a su familia”, continúa el documento.
Por otro lado, acusaron a la fiscal Gabriela Boquín de haber activado la causa durante el gobierno de Macri, tras haber mantenido “un estricto silencio durante años”. También remarcaron que se trata de una funcionaria “afín a la jefa de los fiscales Gils Carbó” y miembro del colectivo “Justicia Legítima”.
A su vez, plantearon que “no hay explicación legal" para que la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, “siga con el caso”.
“Concursos como el Correo hay varios en los que el Poder Ejecutivo es acreedor. Pero en ninguno la Procuración es la representante en el juicio por parte del Estado como lo es ahora”, dice el documento.
Según los referentes de Juntos por el Cambio, este caso pone en juego “la libertad de hacer, de emprender, de participar sin consecuencias, sin ataques, ni venganzas”.
Y agregaron: “Está en juego tener una Justicia independiente, sin interferencias políticas. Está en juego un país donde todos seamos iguales ante la ley y que el Estado no haga uso político de las instituciones para perseguir a la familia de un ex presidente”.
Este martes, la jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso hoy la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino S.A. y el “desplazamiento total” de su directivos.
Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y acompañada por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores y tras denunciar maniobras de vaciamiento.
Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza en lo comercial se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el “conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos” y sembró “un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento".
Para decidir las medidas “hasta que concluya el procedimiento de salvataje”, Cirulli ponderó las dificultades que expuso el coadministrador judicial para llevar a cabo la tarea encomendada, por falta de datos e información, aunque calculó que -a fines de septiembre de 2019- la composición del pasivo posconcursal era de $191.997.055.
En su fallo de hoy, la jueza cuestionó “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración” y consideró que “resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”. Fuente: Infobae
