La vicepresidenta exigió que se le permita hablar en la audiencia de este martes, en lo que sería la respuesta política a los durísimos alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó Cristina.
"Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", indicó.
Después de los alegatos de los fiscales (que culminarán este lunes tras nueve audiencias), estaba previsto que comenzara la ronda de las defensas aunque el tribunal todavía no definió el cronograma. Ahora deberá resolver sobre el pedido de la vicepresidenta.
En los tribunales dicen que no es habitual el pedido de Cristina y agregan que ya pasó la etapa del juicio en la que se indaga a los acusados, que a esta altura pueden defenderse a través del alegato de sus abogados o en las "últimas palabras" antes del veredicto.
Cristina fue indagada una semana antes de asumir como vicepresidenta, momento que utilizó para dar un durísimo discurso contra los jueces, fiscales y ex funcionarios del gobierno de Macri. "Este es un tribunal del lawfare. Y seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, no me interesa. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", dijo en esa oportunidad.
En el entorno de la vice argumentan que los fiscales introdujeron elementos nuevos (como los chats de José López) porque los testigos que declararon en la causa demolieron las acusaciones. Pero la introducción de esos elementos en los alegatos deja a las defensas sin posibilidad de contrastarlos.
Como contó LPO, en el kirchnerismo estaban en alerta por el alegato final de los fiscales ya que sospechan de una maniobra de Luciani contra Máximo Kirchner para reabrir la causa Hotesur. Creen que el fiscal mostrará documentos que vinculen al diputado con Lázaro Báez. "Buscan conectar la causa Vialidad con Hotesur para presionar a Casación a que ordene la reapertura del juicio oral", dijeron las fuentes.
Ante esto, en el kirchnerismo ya preparan una marcha para defender a Cristina una vez que se conozca la sentencia, que podría ser muy dura si se sigue la línea de los fiscales. El piquetero Luis D'Elía llamó este lunes a cortar todas las rutas del país.
En el entorno de Cristina calculan que el juicio podría terminar en diciembre y descartan que será condenada e inhabilitada para ocupar cargos. Insisten en que el objetivo es "proscribirla" de las elecciones del 2023.
Tras la sentencia vendrá una etapa de apelaciones y en el kirchnerismo también sospechan que no tendrán ninguna chance en la Cámara de Casación, por lo que sostienen que todo se definirá en la Corte. El máximo tribunal no tiene plazos para resolver, pero si hay una causa a definir en pleno proceso electoral suelo hacerlo. Por eso, cerca de Cristina dicen que la chance de que no pueda presentarse es muy alta, lo que la dejaría sin fueros.
Fuente: LPO
