Un informe técnico que circula en las empresas que integran la cadena de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica destroza la política de tarifas de Martín Guzmán.
El documento comienza con una sentencia lapidaria: "la política tarifaria para el sector eléctrico que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Economía es errática". "No resuelve los problemas sectoriales de la cadena de pago del Mercado Eléctrico Mayorista y castiga al usuario residencial e industrial. No satisface ni en el corto ni en el corto ni en el mediano plazo la política de reducción de subsidios", agrega.
En los hechos el Acuerdo con el FMI, ratificado por Ley 27.668, estableció como objetivo que el déficit del gasto primario para el 2022 debe ser del 2,5% del PBI. "Esta propuesta es incompatible e inconsistente con la de quita de subsidios al sector energético", afirma el documento.
En el año 2021, el déficit fiscal primario fue del 3%1 del PBI. Los subsidios a la energía en el 2021 representaron el 2,3% del PBI. La propuesta consiste en reducirlos un 0,6% para el 2022. Esto implica que deben representar el 1,7% del PBI, "lo cual es una situación incompatible con el escenario de aumento de precios internacionales de la energía y con las propuestas de reducción de subsidios acordados".
En el acuerdo con el FMI se establecieron los criterios para sector eléctrico. En particular se determinaron los lineamientos para la segmentación. Esto es quita total de subsidios para el 10% de usuarios residenciales con mayor capacidad de pago, un aumento de mas del 40% para sectores medios y un 20% para usuarios con tarifa social.
Según el informe, "más allá de los problemas de implementación y el elevado nivel de inconsistencias que tienen los criterios establecidos para llevar a cabo la política, redundará en un menor poder adquisitivo del salario".
En este sentido, destaca ademas "que los precios de la energía para el periodo invernal se incrementan sensiblemente como consecuencia de la menor disponibilidad de gas local para generación que debe satisfacer a la demanda prioritaria".
El secretario de Energía, Darío Martínez
Se sabe que la invasión de Rusia a Ucrania trajo aparejada una extrema volatilidad de los precios de los combustibles. De esta manera, se estima para el año en curso los costos de generación van a aumentar cerca de un 40%. Dicho aumento es explicado principalmente por el rubro combustibles, que en particular puede alcanzar incrementos de casi el 80%, "consecuencia de la variacion de los precios internacionales".
Con estos números el documento hace referencia a la política energética industrial dada la continuidad de la quita total de los subsidios a los grandes usuarios en el periodo invernal, que va de mayo a octubre, lo que "demuestra una ausencia de planificación para el sector que no permite morigerar dicho impacto".
En efecto, se incrementó el precio estacional para grandes usuarios en un 76% para el periodo que va de mayo a junio y en un 45% para el periodo que va de julio a agosto. Por lo tanto, dice el informe "el mecanismo de ajuste propuesto ejercerá una considerable presión sobre el resto de los precios de la economía".
Por otra parte, se incrementaron el precio estacional de todos los segmentos de demanda de las tarifas de los transportistas de alta tensión y distribución troncal. El resultado de estas medidas fue un incremento en factura del orden del 20% para usuarios del AMBA.
Para analizar la política tarifaria del gobierno es necesario explicar que el 2020 fue atípico por la irrupción de la pandemia. Entre la batería de medidas en materia sanitaria y económica se congelaron las tarifas de la energía. Fue por eso que las distribuidoras comenzaron un proceso de endeudamiento con CAMMESA, empresa que concentra el segmento mayorista.
En el año 2021 se emprendió una política de regularización de deuda, donde las distribuidoras fueron aumentado las tarifas de distribución para hacer frente a los compromisos asumidos. Sin embargo, afirma el informe, que "para mantener la razonabilidad de la factura en un contexto de recuperación económica, fue fundamental que el aumento de las tarifas de distribución no sea simultáneo con el aumento del precio de la energía".
Así explica que "antes de reducir los subsidios que están en función de los costos de generación, el Estado Nacional decidió adoptar una política de mantenimiento del precio estacional para que las distribuidores recuperen el margen necesario para operar". Para enfatizar que fue "esta política de mantenimiento del precio estacional de la energía lo que otorgó la posibilidad a las provincias de adecuar el margen de distribución de sus concesionarias, morigerando el impacto que podría tener un doble incremento, transporte y quita de subsidios, sobre las facturas, en un contexto de demanda eléctrica creciente motorizada principalmente por el sector industrial".
Como conclusión se afirma que "la política tarifaria que se esta llevando a cabo es inconsistente con los propios objetivos planteados porque no reduce los subsidios según las pautas establecidas. No permite establecer un sendero para el sector industrial que permita amortiguar los impactos de la suba extraordinaria del precio de la energía con las correspondientes consecuencias para la economía ni tampoco resuelve la cadena de pagos dado que el aumento del precio estacional anula la posibilidad de realizar nuevos aumentos sobre el margen de distribución de todas las jurisdicciones, lo que redundara en un resquebrajamiento de la cadena de pagos del sistema electrico mayorista".
Fuente: LPO
