Sin embargo, la derogación total es resistida transversalmente por el grueso de los integrantes de los principales espacios políticos, que consideran que el texto aprobado en junio del 2020 aportó cuestiones importantes como la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.
También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito; y se mantendría el texto en lo referido a las aclaraciones sobre quien paga las expensas extraordinarias y quien las comunes.
De acuerdo a las opiniones periodísticas y por redes sociales emitidas por varios diputados de diferentes sectores, la coincidencia mayor se da en torno a la necesidad de avanzar con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación.
Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.
En los extremos de las coincidencias mayoritarias que llevarían a un dictamen de consenso con la eliminación de estos dos artículos, se encuentran posiciones antagónicas expresadas en los últimos días por grupos más reducidos de diputados, e incluso plasmadas en proyectos de ley.
Se trata de las de quienes pretenden eliminar toda legislación para "dejar que sea el mercado el que regule", como lo expresan los libertarios y algunos legisladores del PRO; o las de quienes proponen, independientemente, crear un organismo que fije precios de referencia o que grabar impositivamente las viviendas ociosas, tal el caso de algunos diputados del Frente de Todos o de la Izquierda.
En la comisión el Frente de Todos cuenta con mayoría, ya que posee 16 de los 31 integrantes, mientras que Juntos por el Cambio suma 14 y una del interbloque Federal; aunque las fuentes consultadas dan a entender que se llegará a un proyecto consensuado y que la votación será transversal a los partidos o coaliciones políticas.
Además de Moreau, integran la comisión de Legislación General los oficialistas Paula Penacca, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Lia Marín, Mónica Litza y Carolina Gaillard, entre otros.
Por Juntos por el Cambio están Carla Carrizo, Karina Banfi, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal y Maximiliano Ferraro, entre otros.
La restante integrante es Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense.
Fuente: telam
