Si bien no se cerró un precio del tabaco, las partes se comprometieron a analizar el contexto macro y micro económico para una próxima reunión.

El Gobierno nacional y la oposición negociaron durante semanas la letra chica de la Ley Ómnibus, que finalmente será votada en Diputados en las próximas horas. En el camino fueron quedando decenas de artículos, algunos con cargas impositivas duramente cuestionadas, como las retenciones a las economías regionales, y otros con medidas que podrían impulsar la actividad de algunos sectores. Este último es el caso del Artículo 213 (182 en la versión original), que proponía una serie de beneficios a los cobros electrónicos para pequeños contribuyentes, pero que finalmente fue descartado.

En instalaciones del Centro Cultural del barrio Tupac Amaru dio inició la campaña de vacunación antirrábica, que se extenderá a sectores aledaños a la institución.

Los representantes de la secretaría de Finanzas y de Energía tuvieron una cumbre secreta con los principales empresarios del país para delinear una nueva estrategia que les permita rematar las acciones de la Anses.

Tras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía para aprobar en general la Ley Ómnibus y continuar con el tratamiento de los artículos en particular.

El Gobierno decidió que llevará nuevamente a USD 3.000 el tope mensual para las pequeñas importaciones vía Courier que había bajado a USD 1.000 durante la gestión anterior por la escasez de reservas en el Banco Central. Así, el país dejará de ser uno de los países con mayor restricción a este sistema de servicio de correo privado para quedar en línea con Brasil y Chile. Este punto no solo es importante para las compras por plataformas, como Amazon o Alibaba por ejemplo, sino también para repuestos, partes, piezas e insumos que necesitan particularmente las pymes industriales.

La Justicia Federal de Mercedes dejó sin efecto los dos artículos del DNU que firmó el presidente Javier Milei que autorizaban las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), ante un pedido de inconstitucionalidad que hizo una entidad civil, y le ordenó al Gobierno evitar avanzar con esa iniciativa hasta tanto haya una decisión de fondo. La resolución la tomó el tribunal a instancias de un recurso que presentó la Liga de Fútbol de Salto.