En ese sentido el funcionario indicó que el Estado debe accionar, a través de las fuerzas de seguridad en ese tipo de situaciones para que se reestablezca el orden donde corresponda.

La situación presentada en Palpalá se trata de un juicio de larga data y en virtud de los hechos que se estaban sucediendo, la Policía de la Provincia, con un mandato judicial de desalojo procedió al desalojo.

Lamento que hubiera algún tipo de resistencia y de que existan personas que alientan este tipo de acciones, especialmente de algunos legisladores que deberían estar impulsando algún tipo de Ley y no estén impulsando a la gente a violentarla.

Aseguró que la Ley debe ser cumplida, la Constitución indica que hay una propiedad privada y una propiedad del Estado y los problemas se deben resolver por los caminos legales.

En este caso en particular, explicó, se trata de un juicio de larga data, donde se fueron realizando inspecciones y constatando que en el lugar no hay sembradíos, viviendas, ni ningún tipo de construcción. Cuando la Justicia ordena el desalojo, esta nueva organización, que no tienen reconocimiento ni personería jurídica, se moviliza llevando familias y niños, para generar violencia que no se justifica.

Cuando hay una usurpación el Estado debe accionar a través del Ministerio de Seguridad en concurso con el Poder Judicial, a través de sus fiscalías, para que se respete la Ley. Si se violenta la Ley con una usurpación de tierras privadas o del Estado, se procederá en consecuencia para garantizar esas propiedades.

Un desalojo no se hace de manera impulsiva, siempre se trata de mantener los canales de diálogo para hacer entender a quienes persisten en ese accionar que están cometiendo un delito, concluyó.