El acuerdo se concretó en el edificio de Tribunales y establece mecanismos de articulación para restringir el acceso a estos espacios a quienes registren incumplimientos en sus obligaciones alimentarias.
En ese marco, la secretaria de Justicia, Marcela Infante, destacó que la medida “se inscribe en el camino impulsado por el gobernador Carlos Sadir para fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Durante la firma, que contó con la participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola; la jueza del máximo tribunal y directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes, Mercedes Arias; y el presidente del INPROJUY, Walter Morales, Infante subrayó que “son pasos importantes que vamos dando, a los que en el futuro se sumarán nuevas medidas, como la eventual restricción de acceso a recitales”.
Asimismo, la funcionaria presentó un informe sobre el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, del cual la Secretaría de Justicia es autoridad de aplicación. En ese sentido, explicó que “el registro opera diariamente y, desde su creación, se emitieron más de 30.500 certificados, en permanente articulación con el Poder Judicial”.
Finalmente, indicó que la medida “comienza a aplicarse de manera inmediata” y remarcó que “desde la Secretaría de Justicia vamos a colaborar con la información necesaria para que los deudores alimentarios morosos no puedan ingresar a casinos o salas de juego, promoviendo así el cumplimiento de sus obligaciones”.
