El pedido, presentado por los legisladores Walter Hugo Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos, fue admitido y girado a la Comisión Investigadora para su tratamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 250 del Reglamento de la Legislatura.
En el escrito se solicita investigar los hechos denunciados y garantizar la preservación de pruebas y testimonios. Entre las medidas planteadas, se incluyen allanamientos en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación y en inmuebles vinculados, con secuestro de equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, documentación y demás elementos de interés.
Asimismo, la resolución establece la suspensión preventiva del Procurador General y del Procurador General Adjunto con goce de haberes, la custodia policial de los edificios del MPA y la prohibición de que los denunciados realicen actos o declaraciones que puedan entorpecer la investigación.
Posteriormente, trascendió que tanto Sergio Lello Sánchez como Ignacio Pasquini presentaron su renuncia a los cargos, en el marco de la causa en trámite.
La Comisión Investigadora continuará con el proceso, velando por el respeto a los derechos y garantías constitucionales, y disponiendo de las medidas necesarias para asegurar el desarrollo transparente y riguroso de la investigación.
