En la misma presentación y a la luz de lo dispuesto por el Artículo 43 de la Constitución Nacional, requirieron a la autoridad judicial ordene el inmediato levantamiento de los cortes de rutas, atento a los graves perjuicios económicos, laborales y sociales que ocasionan.

Asimismo, urgieron la adopción de medidas que eviten se siga lesionando con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, los derechos constitucionales de entrar, permanecer y transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar, educación, salud de cientos de ciudadanos, comerciantes y productores.

En este sentido, también denunciaron que quienes viven en los lugares citados están "expuestos a los más diversos y cualquier tipo de ataque o situaciones de violencia extrema", tal es así que sufrieron "amenazas y escraches gráficos y por redes sociales", entre otros tipos de agravios.