Se trata de Pablo Martín Feijoo, señalado como amigo de Adorni por testigos y quien acercó a las partes, su madre y otra jubilada y el funcionario, para concretar la operación escriturada en 230 mil dólares: 30 mil pagados en efectivo y otros 200 mil sin intereses que el jefe de Gabinete tiene que cancelar en noviembre próximo.
Feijoo está citado para este miércoles 22 de abril por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la causa por presunto enriquecimiento que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Al testigo se le anticipó que tiene que llegar al quinto piso de Comodoro Py 2002 con su celular y comprobantes de todos los gastos realizados en la propiedad. Los investigadores creen que su testimonio puede ser determinante para entender cómo se estructuró la operación desde su origen.
Se espera una semana clave por la seguidilla de testimoniales previstas. Este lunes deberán presentarse los dueños de la inmobiliaria que intervino en la primera operación de venta del inmueble a las jubiladas —la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi—; también para el miércoles 22 está citado el encargado del edificio de la calle Miró al 500 de Caballito, identificado como Juan.
En una entrevista con Infobae, Rucci recordó que el departamento de Caballito perteneció desde la década del ‘90 al entonces futbolista Hugo Morales, figura en Lanús y Huracán, y con un paso por la Selección argentina. “Huguito” compartió vestuario en el Granate con el esposo de la mujer, Marcelo Trimarchi. En 2024, Morales se decidió a vender el departamento, ubicado en una de las zonas mejor cotizadas del barrio porteño de Caballito. Llamó a su excompañero y empezaron el trámite. La martillera explicó en la entrevista que el valor inicial al que se había publicado la propiedad fue de 340.000 dólares. Luego de algunas rebajas se vendió en 200 mil a las jubiladas que meses después hicieron la compraventa con Adorni por 230 mil dólares.
La ronda de citaciones de la semana cerrará el viernes 24. Para las 9 de la mañana fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien —según la información incorporada al expediente— estuvo a cargo de las obras en otra propiedad comprada por los Adorni, el lote 380 del country Indio Cua, que figura a nombre de la esposa, Bettina Angeletti.
En la citación, la fiscalía le requirió a Tabar que se presente con documentación que permita reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de los trabajos realizados en el predio. En paralelo, el fiscal reiteró un pedido a la administración del country para que remita información sobre el pago de expensas de esa propiedad.
La causa acumula medidas en las últimas semanas. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, así como también de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais; Norma Zuccolo; las jubiladas vinculadas al departamento de Caballito Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo; y las otras dos mujeres que prestaron dinero a cambio de interés contra hipoteca de otro departamento de los Adorni en Parque Chacabuco, Graciela Molina y Victoria Cancio.
En paralelo, la fiscalía intenta incorporar al expediente los chats y registros de llamadas entre todos los involucrados, una prueba considerada clave para reconstruir los vínculos y el circuito de las operaciones. En ese punto, la escribana Adriana Nechevenko —quien intervino en las transacciones— no aportó su teléfono celular cuando se presentó en tribunales: primero no lo llevó a su declaración y luego dijo haberlo olvidado en el auto cuando regresó con documentación adicional. Bajo juramento, afirmó que conoce a Adorni desde hace más de 25 años y que fue ella quien acercó a las partes para concretar los préstamos en el caso de la hipoteca de Parque Chacabuco por 100 mil dólares que se usaron ese mismo día para escriturar una casa en un barrio de golf privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá.
Ese esquema es uno de los ejes de la investigación. El departamento de la calle Miró al 500 había sido adquirido previamente por las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en torno a los 200.000 dólares —luego de haberse publicado a la venta en USD 340.000—, con intervención de la inmobiliaria y el pago de comisión. Además, el inmueble fue refaccionado antes de ser vendido a Adorni por 230.000 dólares, lo que abrió interrogantes: cómo se explica la rentabilidad de la operación si se suman los costos de compra, comisión y obras, y por qué se otorgó una financiación sin interés por la mayor parte del valor.
En sus declaraciones, Viegas y Sbabo aseguraron desconocer los detalles de la operación y señalaron que la gestión estuvo a cargo de sus hijos —entre ellos Feijoo—, quienes además participan en emprendimientos inmobiliarios. Ambas dijeron haber utilizado ahorros propios para la compra inicial, pese a percibir haberes jubilatorios cercanos a los 350.000 pesos mensuales.
Otro punto bajo análisis es el financiamiento de otras adquisiciones del funcionario. Según consta en la causa, Adorni tomó un préstamo de 100.000 dólares aportado en un 85% por la excomisaria de la Policía Federal Graciela Molina y en un 15% por su hija Victoria Cancio. El crédito habría sido pactado a dos años, con una tasa del 11% anual y pagos mensuales, y garantizado con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco. Ese dinero se usó para comprar una casa en un country de Exaltación de la Cruz el mismo día en que se formalizó la hipoteca, en noviembre de 2024.
Fuente: Infobae
