Los diputados del interbloque federal vinculados con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti propusieron a través de un proyecto de ley duplicar de 5 a 10% el corte obligatorio del biodiésel en gasoil y elevarlo 20% durante el invierno, para de esa manera cubrirse de un posible faltante.
La iniciativa fue firmada por los tres diputados de Córdoba Federal (Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia De la Sota) y el jefe del interbloque federal que integran, el bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez.
Se propone una reforma de la ley sancionada el año pasado, que redujo los porcentajes de corte obligatorio de los biocombustibles y priorizó en el reparto a las pequeñas y medianas empresas.
Fue tras una dura negociación de Máximo Kirchner con los legisladores de las provincias cerealeras, que distanció aún más a Alberto Fernández de Schiaretti y le provocó una crisis con el gobernador de Santa Fe Omar Perotti.
Los diputados cordobeses proponen en su proyecto duplicar el porcentaje de biodiésel obligatorio en el gasoil y llevarlo a 20% entre abril y septiembre, para cubrir un posible déficit por la alta demanda invernal.
"Se viene produciendo un notorio déficit en el abastecimiento de gasoil durante el período abril-setiembre, por lo que resulta oportuno aumentar en dicho período el contenido de biodiésel en la mezcla", alertan.
La escases de gasoil empezó a sentirse en las provincias del norte del país, aun cuando el Gobierno duplicó las exportaciones, según anunció el jefe e Gabinete Juan Manzur durante su visita al Senado.
Para evitar ese drenaje de divisas, el proyecto de los schiaretistas prevé además una mayor participación de las empresas grandes del rubro, que podrán intervenir superado el 7.5% de corte y un cupo de 100 mil toneladas reservado para las pymes que no exportan, que en la reforma del año pasado se quedaron un mínimo de 50 mil. Si bien el monto aumenta, la participación relativa de los pequeños jugadores baja.
También se habilita una libre competencia, que en la norma actual está prohibida porque le asigna a la autoridad de aplicación la posibilidad de fijar los precios. Establece que cumplido el porcentaje de corte mínimo, se permitirá "la comercialización en estado puro, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos".
"Una medida de este tipo, en la medida que se minimicen las asimetrías existentes entre las distintos elaboradoras de biodiésel, podría aumentar significativamente la eficiencia en este mercado, permitiendo una mejor asignación de recursos, tanto por parte del sector público como del sector privado", sostienen en los fundamentos.
Otro motivo que expresan para solicitar esta modificación son los incumplimientos a los tratados internacionales que significa no legislar para reducir el uso de hidrocarburos. El gobierno hizo un truco para que no quedara así: dejó vencer las prórrogas de la ley de biocombustibles que elevan los cortes y con la nueva norma lo aumentó en los papeles pero lo bajó en los hechos.
Fuente: LPO
