Alberto Fernández anunció en la apertura de sesiones ordinarias que las tarifas de luz y gas podrían aumentar por encima del 20% ya anunciado, porque tendrán como tope la variación de los salarios, que este año superarán con creces ese porcentaje.
De todos modos, fuentes de la Rosada aclararon que no hay previsto un nuevo incremento en lo inmediato. Sí podría haberlo en el resto del año con el tope que marque el índice de variación salarial, tal como establece una ley sancionada por el Congreso en 2018 y vetada por Mauricio Macri. Había sido aprobada con respaldo de legisladores que hoy integran el Frente de Todos.
"En Argentina se acabaron los tarifazos", anunció el presidente y reiteró la decisión de "segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad".
Alberto sostuvo que con esta política apunta a que "el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios" y para el resto se inspirará en la Ley 27.443, que establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial.
"Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales".
O sea, la variación salarial será un tope que usará el Gobierno para frenar las exigencias del FMI y podría permitir aumentos similares a la inflación. "Lo concreto es: el 10% de la población no tendrá subsidios, el resto sí y en ningún caso sufrirá aumentos mayores a la inflación", simplificaban voceros del Gobierno, una vez terminado el discurso.
El presidente admitió que aún negocian los tramos finales del acuerdo con el FMI que espera "concluir a la brevedad", prometió que no habrá más desembolsos que los necesarios para pagar la deuda contraída por Macri y recordó que presentó una querella para investigar si fue legal.
Con esa provocación logró dividir a la oposición: los legisladores del PRO abandonaron el recinto, pero se quedaron los radicales y los de la Coalición Cívica, quienes tienen decidido avalar el acuerdo con el FMI que envíe Alberto, sea cual sea.
Alberto habló una hora y media, luego de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de las guerra en Ucrania, reclamado a los gritos por el jefe del interbloque UCR Mario Negri.
Los próximos 30 minutos lo dedicó a detallar las cifras del crecimiento económico de 2021 y el combate a la pandemia, con una vacunación "entre las más grandes" para los países del tamaño de Argentina. Se hizo lugar a una autocrítica: reconoció que la inflación "es el gran problema" y "la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno. Hay muchos factores que inciden en la inflación y todos tienen que ser atacados coordinadamente".
Los legisladores esperaban escuchar algún dato sobre el demorado acuerdo con el FMI, que debería llegar a más tardar esta semana para cumplir con el pago del 21 de marzo, que es de 2800 millones de dólares.
Además de prometer que no habrá tarifazos, garantizó que tampoco propondrá una reforma previsional, pero abrirá la puerta para quien quiera trabajar más allá de la edad de retiro pueda hacerlo. "La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse", fueron sus palabras
También dejó claro que "no habrá una reforma laboral", desechando cualquier opción de modificar las indemnizaciones por un seguro de retiro, como propone la oposición. "La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación. El futuro de los argentinos y argentinas que trabajan lo hemos defendido y lo vamos a defender de manera inclaudicable".
Fuente: LPO
