La norma, aprobada por unanimidad, establece el cierre de las fronteras terrestres y aéreas con excepción de las personas dedicadas a traslados de mercaderías y al sistema sanitario, y también para productores que deban ir a provincias limítrofes solo por 24 horas y con una autorización especial que deben presentar 72 horas antes.

El cierre de los límites de provincias y municipios es una polémica que data desde el comienzo de la cuarentena y que en los hechos aplicaron muchas jurisdicciones, pero nunca con el carácter de una ley como acaba de hacer Tucumán. Y lo hizo a pesar que la ministra de Gobierno y Justicia la provincia, Carolina Vargas Aignasse, advertía hasta unos pocos días que "constitucionalmente no es viable" el cierre de fronteras.

"Hay que cuidar mucho la Fase 5. Es preferible que alguno de los que está afuera se enoje y no tener que volver a Fase 1", argumentó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. La medida fue respaldada por Miguel Acevedo, el ministro del Interior del gobierno de Juan Manzur.

Consultado por LPO, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que "es terriblemente inconstitucional" y lo consideró "casi es un alzamiento contra el estado federal". "Viola los artículos 8 y 9 de la Constitución Nacional, atenta contra el sistema federal y desconoce las normativas vigentes dictadas por el presidente y el Congreso", detalló.

El doctor en Derecho explicó que una medida de este tipo atenta contra la integridad única de la Nación e implica la desintegración territorial. "La base del estado federal es un solo territorio, la integridad territorial, por eso se permite la libre circulación sin aduanas", señaló.

Gil Domínguez indicó que los gobernadores pueden controlar que circulen todas aquellas personas que estén autorizadas por llevar a cabo actividades esenciales, pero no pueden imponer una norma propia. "Es una suerte de secesión parcial territorial", completó el constitucionalista.