El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que mandará un proyecto de ley para congelar los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios, e impedir desalojos. La decisión forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno puso en práctica para tratar de amortiguar el impacto económico que genera el aislamiento obligatorio.
Reveló que está dialogando con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para avanzar con esa iniciativa en los próximos días y les pidió a los argentinos que “estén tranquilos”. “A los que la están pasando mal los vamos a ayudar, que nadie se inquiete, es una tormenta que va a mojar más a algunos que a otros, pero la pasaremos”, afirmó.
La posibilidad de que muchas familias no puedan afrontar los pagos de las cuotas de los alquileres es una de las eventuales consecuencias de la caída en los ingresos que se verá en algunos sectores por el parate en la actividad económica. En este punto particular, se barajan varias opciones que quedarán sobre la mesa de discusión parlamentaria. Entre ellas, desde que se diferencia entre vivienda única y no, normas para las renovaciones de alquileres que se den en medio de la crisis, hasta que, según los casos, pueda pagarse una parte del alquiler, o incluso directamente diferirlo.
Desde las cámaras inmobiliarias señalaron en los últimos días las dificultades por las que atraviesa hoy el mercado de los alquileres. “Realmente es una situación muy compleja. Hay gente que ya alquiló otra propiedad, tiene que dejar la propiedad en la que está, no tiene quien le haga la mudanza, no se pueden firmar contratos. Las oficinas estás cerradas”, explicó Armando Pepe, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal (Cucicba), en diálogo con Infobae.
En tanto, la Federación de Inquilinos Nacional, que agrupa a distintas organizaciones de inquilinos, expresó su preocupación por la situación de los argentinos que alquilan. “En el transcurso de estos días se han anunciado diferentes medidas urgentes y extraordinarias para paliar el impacto económico y social del COVID-19 y creemos fundamental y urgente llevar adelante medidas para los inquilinos y las inquilinas por el plazo de 60 días”, señalaron. El envío de un proyecto de ley al Congreso llega como respuesta.
